El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aseguró que los usuarios de servicios de cable, telefonía e internet no deberán pagar facturas que vengan con aumento: “(Los incrementos) no están autorizados” por el Gobierno, enfatizó el funcionario.
“Si llega una factura el 1 de mayo con aumento, directamente no hay que pagarla porque sacaremos una resolución con el no corte para todo el mundo”, advirtió López en una entrevista con Radio 10. En ese contexto, afirmó que las empresas “desconocen una norma del Enacom, un decreto del Presidente”.
El funcionario del ente regulador sostuvo que las empresas “anuncian que van a cobrar el 8% (de incremento) en mayo y el 7% en junio, (sumado) a lo que ya recibieron en el primer trimestre sería un 30% de incremento”, por lo que se aseveró: “No sé en qué mundo viven”.
El funcionario recordó que el decreto 690/2020 “está vigente” y que el precio de los servicios de telefonía, cable e internet “lo regula el Estado”. El decreto al que hizo referencia, vigente y operativo desde diciembre pasado, autoriza al Enacom a iniciar los procedimientos administrativos pertinentes para aplicar sanciones ante incumplimientos regulatorios.
En este sentido, aclaró que “los privados no pueden fijar el precio libremente” como así tampoco están habilitado a “anunciar ningún aumento que no esté autorizado”. Igualmente, adelantó que se viene un aumento, pero acordado por las autoridades nacionales y las empresas.
“Además, en un momento de pandemia en que están faltando camas, los mandamos a la casa y la gente tiene que estar pensando si le alcanza para pagar internet o pagar el teléfono”, agregó el vicepresidente del Ente.
Más tarde, en declaraciones a El Destape Radio, López reiteró su pedido a la población sobre no pagar facturas con aumentos y se refirió concretamente al Grupo Clarín y su situación frente a los incrementos unilaterales.
“Salvo el Grupo Clarín, todos devolvieron el aumento no autorizado de principio de año”, dijo, y agregó que existen “demandas cruzadas” por el aumento no autorizado de enero. “Todos los días les aplicamos multas a Clarín, ahora de $19 millones por día”, dijo, aunque aclaró que esas sanciones no se están efectivizando.
En el mismo tono, el vice del Enacom sugirió además que “habría que sacarle la pauta (publicitaria) mientras no cumpla la ley”.
¿Se vienen subas acordadas?
“El Gobierno va a anunciar cuándo y cuánto va a ser el ajuste, es decir, qué monto y a partir de cuándo”, indicó el vicepresidente del ENACOM. “Ellos se adelantan de manera ilegal. Esa es la pelea de fondo”, sentenció. Por último, indignado concluyó: “Se cumple de manera bochornosa las prestaciones sociales, una (empresa) dio 300 y otra 1000 y son 4 millones de personas. Esa gente invierte 1.500 pesos o 2.000 pesos de los 12.000 que tienen para que los chicos puedan estudiar”.
En línea con las palabras de López, el Enacom -en un comunicado de prensa- había informado el martes que “no ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga”.
“Oportunamente, se informará cualquier aumento que se autorice. Por ese motivo, cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente”, agregó el Enacom.
El régimen de sanciones de Enacom
A principios de marzo, el Enacom aprobó un nuevo régimen de sanciones para el sector de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, que incluye multas, suspensiones, clausuras, caducidad de licencias e inhabilitación de la licenciataria y sus directivos.
Esta resolución apareció en el marco de la discusión que mantiene el Ente regulador con las empresas de telecomunicaciones que aplicaron “aumentos desmedidos” y de manera unilateral durante febrero. El Enacom ya los había intimado a retrotraer y reintegrar los saldos mal cobrados, mientras que anunció que aplicará sanciones a estas compañías.
De esta manera, el organismo estatal puede aplicar multas que van desde 50 veces el equivalente a la Prestación Básica Universal (PBU) para el Servicio Básico de Telefonía (SBT), actualmente en $ 380; hasta 200.000 veces ese mismo equivalente. Esto significa que las multas podrán ser de entre $ 19.000 y $ 76 millones.
El Ente está capacitado para aplicar multas por cada día en que persista el incumplimiento de la obligación, y deberán ser abonadas dentro de los 20 días hábiles luego de haber sido notificado el acto administrativo por el cual se impuso, bajo apercibimiento de ejecución. La multa podrá ser reducida en un 50% del monto total si la empresa sancionada acepta realizar un pago voluntario.
